El Luna Park, ícono porteño desde 1932 y Monumento Histórico Nacional, entró recientemente en receso la semana pasada. Desde entonces, una pregunta se repite en la ciudad: ¿será puesta en valor o demolición encubierta?

Las autoridades del estadio desmintieron con firmeza cualquier plan de demolición. Emitieron un comunicado en el que aseguraron que el proyecto apunta a preservar su valor patrimonial, subsanar desajustes estructurales e incorporarle tecnologías sustentables, sin alterar su fachada ni su identidad arquitectónica.

Por su parte, DF Entertainment y Live Nation firmaron un acuerdo con el Arzobispado y la Sociedad Salesiana —propietarios desde el legado de Lectoure— para operar y renovar el estadio hasta 2032. La obra incluye ampliar su capacidad hasta 13.000 espectadores, crear un museo dedicado a su historia y modernizar servicios VIP y de acceso. La reapertura está prevista para fines de 2027.

El proceso fue aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos en apenas dos meses, en plena temporada estival. Esa celeridad generó críticas desde organizaciones como Fundación Ciudad y Basta de Demoler, que denunciaron falta de transparencia y señalaron que el proyecto podría violar normas que prohíben modificar su volumen o interior.

Intervenciones como elevar la altura del techo, añadir pisos de gradas o demoler el interior se encuentran rodeadas de controversia: las leyes de protección estructural imponen límites claros. La administración porteña aún debe dar su visto bueno final. En paralelo, la Iglesia reafirma que se trata de una modernización necesaria e inevitable.

Este cruce de acontecimientos marca un dilema: cómo modernizar un espacio vivo sin borrar su memoria. El Luna Park no solo fue escenario de boxeadores como Monzón o de velorios como el de Gardel, sino un centro político, cultural y social: desde conciertos memorables hasta actos de impacto nacional.