26 de junio de 2002. Puente Pueyrredón. Dos nombres se graban a fuego en la memoria argentina: Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Jóvenes militantes, parte de un movimiento que crecía entre ollas populares, cortes de ruta y pancartas caseras. Fue una jornada de represión, balas de plomo y encubrimientos.

Lo que comenzó como una protesta en medio de la crisis más devastadora del país terminó en una masacre planificada y silenciada por las autoridades. Las imágenes que se conocieron días después, con Darío agachado intentando asistir a Maxi herido, revelaron algo más que un crimen: una traición del Estado a su propio pueblo.

A más de 20 años, la causa judicial logró condenar a los autores materiales, pero el entramado político y policial sigue sin desanudarse del todo. Hay nombres que aún esquivan responsabilidades.

Recordar esa fecha no es solo rendir homenaje. Es advertencia. Es lección. Es una pregunta incómoda al poder de turno. Porque cada vez que se reprime a quienes luchan por lo básico —trabajo, comida, dignidad—, el eco de Avellaneda vuelve a sonar.